Los enfrentamientos en Trípoli, al norte de Líbano, durante las últimas tres semanas han dejado docenas de muertos, más de 100 heridos y casi 20 mil personas desplazadas del campamento palestino Nahr el-Bared. La magnitud de los daños humanos y materiales es difícil de calcular.

Durante días el Ejército libanés y los miembros del grupo terrorista Fatah al-Islam mantuvieron como rehenes a cerca de 40 mil palestinos al interior de un campamento cercado, sin acceso a agua, con poca comida y sin poder salir de sus casas ante el riesgo de morir bajo el fuego cruzado. Si bien nadie sabe cómo terminará este triste episodio, valdría la pena revisar los sucesos que llevaron a él. ¿Hay en estos hechos alguna advertencia para México en cuanto al combate contra el crimen organizado?

Según las primeras versiones, los enfrentamientos iniciales al norte de Líbano provinieron de un acto circunstancial. El sábado 19 de mayo, un grupo armado asaltó un banco en Trípoli, llevándose un botín de mil 500 dólares. Al día siguiente, un comando del Ejército libanés había acorralado a los supuestos responsables en uno de los edificios de la Ciudad, mientras otros supuestos responsables habían huido al interior del campamento palestino.

En un primer intento por tomar control del edifico que servía como escondite, miembros del Ejército intercambiaron disparos con los presuntos delincuentes, resultando muertes en ambos bandos. Los sobrevivientes del Ejército pidieron refuerzos, y como es de esperarse, momentos más tarde llegaron tanques y más tropas. Poco después dio inicio propiamente el combate en diversos puntos de la ciudad.

Si bien los resultados de este episodio particular han sido dramáticos, la presencia del Ejército como respuesta a presuntos actos criminales no es un caso aislado. Es común que el Ejército en Líbano lleve a cabo labores que en otros países son responsabilidad de la Policía. Esto tiene un gran riesgo, pues al no haber diferentes niveles de respuesta en la fuerza del Estado, la persecución de un asaltante y su resistencia ante el arresto puede escalar rápidamente en magnitud y consecuencias.

Además, como en el caso de los refugiados palestinos, la comunidad que queda atrapada entre el Ejército y los presuntos delincuentes pronto se convierte en la principal víctima de la operación que en principio tiene como objetivo darle precisamente protección.

Así, en el combate contra el crimen organizado en México valdría la pena preguntarnos ¿cuáles son las posibles desventajas cuando el Ejército se convierte en Policía?

Un primer ejemplo se ha registrado ya en Michoacán. Como respuesta a una emboscada que terminó con el asesinato cobarde de cinco soldados, el Ejército mandó refuerzos a poblados de Michoacán y las violaciones constitucionales no se hicieron esperar. Hay reportes de la CNDH sobre entradas de soldados en domicilios sin orden de cateo, así como de vejaciones sexuales sobre algunas mujeres. La población termina siendo la víctima de sus supuestos protectores.

Ante estos ejemplos y muchos otros que podríamos poner las preguntas resultan obvias: ¿tiene sentido centrar la estrategia en el combate a la criminalidad organizada en el Ejército? ¿Qué sucede cuando ponemos a soldados a bordo de tanques, con ametralladoras de grueso calibre y granadas a patrullar las calles de grandes ciudades?

No es difícil suponer que ante un hecho como el sucedido en Líbano, los militares se apresuren a accionar sus tanques, y lo que podría haber sido un arresto de rutina se convierta en un charco de sangre de desastrosas consecuencias. Preguntémonos entonces por los parámetros que el Estado debe tener para combatir a la criminalidad organizada.

El Estado debe actuar de forma proporcional y respetando siempre la Constitución, que en su artículo 129 señala que las fuerzas armadas, en tiempos de paz, no podrán tener otras tareas que las que guarden exacta relación con la disciplina militar. Pero además, el uso del Ejército en tareas de seguridad pública tiene una dudosa legitimidad política, pues supone apelar al último resorte de fuerza estatal. Ya no hay poder del Estado al que pueda llamarse en caso de derrota. Lógicamente esta estrategia no es sostenible en el largo plazo. ¿Se trabaja entonces para construir una Policía nacional que efectivamente realice lo que se le pide hoy al Ejército?

El Presidente Calderón ha elevado significativamente la apuesta al utilizar la fuerza militar del Estado mexicano en contra de la criminalidad organizada. No deja de ser oportuno tener en mente la gran lección histórica de muchos países de América Latina: lo difícil no es sacar al Ejército de sus cuarteles, sino hacer que regrese a ellos.

Los autores son editorialistas invitados. Sus páginas de internet son  www.miguelcarbonell.com y www.enriqueochoareza.com