La semana pasada se llevó a cabo el foro internacional "Para escapar de la trampa de papeles: juicios orales". En el foro se demostró que el sistema penal le cuesta mucho dinero al país, pero no satisface ni a víctimas ni a acusados. Asimismo, vimos que los juicios orales son una solución exitosa en países de América Latina con cultura jurídica similar a la nuestra, y que hay avances en diversos estados de la República que están cambiando ya su sistema penal.

¿Cómo es un sistema de juicios orales? ¿Por qué es bueno para México?

Hay dos elementos esenciales. Primero, los juicios orales son un sistema de justicia penal sin papeles. Donde los casos se resuelven en una audiencia pública con la presencia permanente del juez, el Ministerio Público, la víctima, el acusado y sus abogados. En la audiencia pública las pruebas se exponen de manera oral frente al juez y todos los involucrados en el caso pueden participar en su desahogo. Al final, el juez tiene toda la información sobre la mesa y dicta sentencia. Así, en un proceso público y transparente, el buen juez se nota.

El otro componente fundamental del sistema es que la mayoría de los casos se solucionan antes de llegar al juicio. Esto se logra con mecanismos alternos de solución de controversias. Un conciliador profesional ayuda a mediar entre las partes y sus abogados para llegar a un acuerdo que repare el daño causado a la víctima. Con ello, el que la hace la paga. Pero su pago no se va por los canales de la corrupción del sistema actual. Por el contrario, su pago termina en el bolsillo de su propia víctima. Así, la justicia se siente.

Los dos elementos van de la mano. Como el juicio oral es público, las partes tienen un incentivo de llegar a un acuerdo reparatorio antes de que el juicio se celebre. Como regla, la gente prefiere "lavar la ropa sucia en casa". Todos los países que han cambiado a la oralidad disfrutan de procesos más breves, transparentes y creíbles. Los ciudadanos denuncian más porque el sistema resuelve sus reclamos. La publicidad del castigo, además, es un mecanismo para prevenir delitos futuros. A mayor credibilidad en el sistema, hay menos impunidad.

Ahora bien, ¿cuánto nos cuesta crear un sistema así en México? La respuesta tiene dos elementos. Primero, invertir en tribunales y procuradurías para contar con salas, tecnología y personal capacitado de investigación, mediación y juzgado que requiere el nuevo sistema oral.

La experiencia en Nuevo León, único estado que ya tiene juicios orales, es muy útil. Según el subprocurador Luis David Ortiz, hasta ahora, el estado ha financiado la inversión por sí mismo. Además, el cambio es autofinanciable en el mediano plazo. Una vez instalado el sistema, su eficiencia es evidente. A partir de los juicios orales, Nuevo León ha sido capaz de reducir en 60 por ciento el número de casos que tenía en rezago.

En segundo lugar, debemos saber cuál es el costo de no cambiar. El doctor Roberto Newell calcula que el sistema actual nos cuesta casi 10 mil pesos por persona por año. Esto equivale a 108 mil millones de pesos anuales. Además, el sistema lastima al inocente que no tiene dinero para escapar de la trampa de papeles y premia al criminal que paga por su libertad. Así lo vemos en el video El túnel (véase www.forojuiciosorales.com): el sistema penal intimida a los ciudadanos, mientras que a los criminales les da risa.

¿Cuál es el paso siguiente? Se propone un camino con dos vías paralelas: la de los estados y la vía federal. Actualmente, un estado tiene juicios orales y siete más discuten su introducción. Los acuerdos legislativos han sido unánimes. El cambio viene de la periferia hacia el centro: el federalismo en su mejor expresión.

A nivel nacional se propone reformar la Constitución para establecer un piso institucional común para todos los estados del país. Así se previene que un estado incorpore los juicios orales pero no respete los principios básicos del sistema. En el foro, candidatos al Senado de los tres partidos principales se pronunciaron a favor de una reforma integral de juicios orales. El centro tiene una asignatura pendiente.

En suma, las resistencias al cambio pueden ser muchas, pero las ventajas del sistema oral son poderosas. En voz de María del Rosario Garza, juez primera de Juicio Oral en Nuevo León:
 
"Yo tenía mis reservas sobre el sistema de juicios orales cuando se propuso hace unos años para mi estado. Me resistía al cambio por temor a lo desconocido. Sin embargo, desde mi nombramiento en 2004, estoy convencida de su efectividad. El sistema ha generado confianza entre los ciudadanos. Me he dedicado a difundir sus bondades y lo recomiendo para otros estados de la República".

La juez tiene razón. Hay que conocer para cambiar. Es tiempo de que la justicia escuche.

 
El autor es profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.
Correo electrónico: enriqueochoa@derecho.unam.mx


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