Reforma Judicial: ¿qué sigue?
Enfoque Reforma
Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza
Ago 3, 2008

Reforma judicial: ¿qué sigue?

Enfoque Reforma

3 de agosto de 2008

Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza*

Una vez que ha concluido el trámite formal de su aprobación, es momento de pensar en el conjunto de retos implicados en la tarea de hacer realidad los postulados de la reforma judicial. Si aceptamos que el objetivo de la reforma es lograr la transformación a fondo del procedimiento penal en su conjunto, entonces no debemos perder ni un minuto en su puesta en práctica, pues la tarea es de enormes dimensiones.

Uno de los artículos transitorios de la reforma señala que la Federación y las entidades federativas tendrán un plazo máximo de hasta ocho años para dar los pasos necesarios a fin de establecer un sistema de juicios orales en materia penal en el país. En consecuencia, debemos tomar desde ahora una serie de decisiones importantes a fin de que no suceda como en otros temas, en los que se tomaron medidas al cuarto para las doce cuando ya el tiempo era insuficiente para lograr los resultados esperados. El tiempo para actuar ha llegado. La reforma judicial puede dar como resultado una mejor justicia penal si se atienden con oportunidad los siguientes cinco retos en la ruta de su implementación:

1. Adaptación legislativa

El primer paso que el proceso de reforma tenía que dar era el de la modificación del texto constitucional. Al hacerlo así, se evitan errores como los que se han cometido en otras materias, en las que la forma federal del Estado mexicano había permitido que cada entidad federativa avanzara por caminos diferentes y, a veces, incluso opuestos. Con un marco constitucional igual para todo el territorio, se da un primer paso que asegura una homogeneidad básica para todos los habitantes de la República¹.

Ahora bien, lo que sigue es todavía más importante: hay que bajar hasta el nivel de las leyes y los códigos las nuevas reglas constitucionales. Esto supone revisar a fondo los 32 códigos de procedimientos penales y las respectivas leyes orgánicas de las procuradurías de justicia, así como expedir nuevas leyes en materia de salidas alternativas al proceso, de seguridad pública, de ejecución de sentencias, etcétera.

Por lo tanto, la tarea inmediata siguiente, una vez que la reforma comienza a dar sus primeros pasos, es la que le corresponde hacer a los legisladores. Se trata de una etapa compleja, en la que se va a demostrar (o no) el grado de compromiso del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales con el tema de la justicia penal.

2. Un órgano que implemente la reforma

La reforma constitucional establece en otro de sus artículos transitorios un plazo máximo de dos meses para establecer una instancia de coordinación que apoye a las autoridades locales y federales a implementar la reforma, cuando éstas así lo soliciten. Dicho órgano contará con una secretaría técnica y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del sector académico, la sociedad civil, las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y presidentes de tribunales. Todo esto puede ser un ejercicio fundamental de política pública o un franco proceso de simulación. En pocas palabras: aquí puede estar el talón de Aquiles de la implementación de la reforma.

El primer reto para distinguir si será efectiva o no esta instancia de coordinación será el nombramiento del secretario técnico. Ciertamente dicha oficina no es un espacio para improvisar. Se requiere de una persona con conocimientos técnicos precisos sobre el sistema acusatorio oral, además de una probada capacidad política para conciliar intereses tanto a nivel estatal y federal, así como entre los tres Poderes de la Unión. Sería lamentable que el proceso de implementación inicie con un grave defecto generado a partir del nombramiento de un secretario técnico que no tenga el reconocimiento efectivo de los actores públicos a quienes aspira a coordinar.

El segundo reto será el de dotar a la instancia de coordinación de recursos humanos y financieros suficientes que le permitan ejercer su deber constitucional. Las reformas de juicios orales han avanzado de manera significativa en seis estados de la República, donde habrá muchas lecciones que rescatar y compartir a nivel nacional. Sin embargo, también se han dado reformas parciales poco efectivas en tres estados más. Si el órgano de coordinación quiere ejercer una posición de liderazgo o, en ciertos casos, reencauzar los esfuerzos estatales, requerirá de un plantel de profesionales de primer nivel. Para dicho fin, tanto el respaldo financiero oportuno y la selección meritoria de personal, como el ejercicio transparente de los recursos serán fundamentales.

3. Modernización de infraestructura

El momento estelar del nuevo enjuiciamiento penal tendrá lugar en las llamadas "audiencias de juicio oral". En ellas estarán presentes el juez, la víctima, el acusado, sus abogados, el Ministerio Público, los testigos y el público en general. Para acomodar a todas esas personas y para que el ejercicio no sea una simulación, se requiere de la construcción de una infraestructura apropiada en cada juzgado que conozca de juicios orales. Para ello será necesario invertir en infraestructura física, lo que incluye construcción de las salas y equi- pamiento de las mismas. La justicia tiene mucho de simbolismo y de ritualidad, para cuyo desahogo se requiere contar con espacios físicos adecuados.

Se trata, sin duda, de una inversión considerable, pero sin la cual las audiencias seguirán siendo los ejercicios de simulación que actualmente conocemos, en los que las partes no ven al juez sino que se entienden con un secretario de acuerdos o con una secretaria mecanógrafa, quienes además están conduciendo varias audiencias a la vez. Nada de eso corresponde con un sistema moderno de justicia penal, como el que se ha aprobado con la reforma.

4. Capacitación

Uno de los grandes retos cuando se pretende reformar profundamente las instituciones es que la estructura burocrática se niegue a abandonar las prácticas del pasado. Éste ha sido un problema común en los países de América Latina que han sustituido su viejo sistema penal por uno de juicios orales. En México tendremos resistencias similares tanto a nivel estatal, como a nivel federal. No es fácil modificar una práctica burocrática "que siempre se ha hecho así" para establecer, en su lugar, un sistema nuevo y en cierta medida desconocido².

Si bien el reto será mayor, existe en los poderes judiciales y las procuradurías de México talento humano suficiente para llevar a cabo exitosamente una gran transformación. La procuración e impartición de justicia recae ahora en instituciones que cuentan con un apreciable nivel educativo y con talento humano entre sus integrantes. Lamentablemente, gran parte de este talento se ve desaprovechado hoy en día a través de un sistema penal escrito, cerrado, poco transparente y propenso a la corrupción.

Ciertamente la puesta en marcha de la reforma requiere de un proceso amplio de selección y capacitación del personal. Habrá que enfrentar la necesidad de evaluar y promover a los jueces, ministros públicos y peritos en la materia. La experiencia de los estados que ya han hecho esta transformación será de gran utilidad para avanzar con mayor tino y estabilidad.

5. Nueva generación

La educación jurídica que se hace en México tiene enormes problemas. Los estudiantes salen muchas veces con escasa preparación técnica y pobre sentido ético. Si queremos una buena administración de justicia penal (y lo mismo puede decirse respecto de otras materias), es indispensable formar adecuadamente a los actores del nuevo sistema. En este reto la responsabilidad de las escuelas y facultades de derecho es insustituible.

El futuro del sistema de juicios orales depende de que quienes hoy estudian derecho salgan de la carrera contando con las habilidades y las capacidades necesarias para administrarlo adecuadamente. Esta adquisición de nuevas formas de conocimiento supone varias cuestiones en la enseñanza del derecho.

Para empezar será necesario modificar los planes y programas de estudios a efecto de enseñar de otra manera el derecho procesal penal y dar lugar al desarrollo de habilidades para identificar los elementos esenciales de un caso y defenderlos frente al juez, en una audiencia pública y oral. Habrá que enseñar a los alumnos que lo más importante en su formación jurídica no es la capacidad de memorización, ni su talento oratorio, sino sus cualidades argumentativas.

En segundo lugar, habrá que generar libros de texto que den cuenta del nuevo sistema y modifiquen la manera actual de entender el funcionamiento del proceso penal. En tercer lugar, las escuelas y facultades de derecho deberían invertir recursos en la construcción de salas de juicio oral que sirvan para realizar juicios simulados. De esa manera los estudiantes llegarían a la práctica profesional sintiéndose seguros de sí mismos y bien entrenados en las exigencias y rutinas de las audiencias orales.

Además, el talento humano para que funcione el nuevo sistema penal no se limita a abogados especialistas en procesos, también serán indispensables peritos en criminalística y criminología, policías capacitados para investigar, médicos forenses, administradores de tribunales, técnicos en información y contadores. La puesta en práctica del nuevo sistema de justicia penal revalora actividades profesionales que hoy se encuentran en el olvido y además crea la necesidad de que nuevas profesiones se involucren en la administración de justicia.

Conclusión

Como puede observarse, la reforma constitucional es solamente un primer paso dentro de una ruta que se avizora larga y que puede tener resultados inciertos. La consumación de la reforma debe celebrarse como un triunfo de la sociedad civil y como un logro de la clase política nacional, que supo ponerse de acuerdo para legislar en un tema que impacta de forma importante en la calidad de vida de todos los ciudadanos de la República.

Ahora corresponde a esa misma clase política, pero también a los académicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general hacerse cargo del compromiso que deriva de la reforma. Compromiso que nos involucra a todos y que, en esa medida, reclama unidad de propósitos y un curso de acción compartido. Nadie podrá sacar por sí solo la reforma adelante, dadas las dimensiones del problema al que nos enfrentamos. Hace falta que cada quien ponga su parte y que, entre todos, vayamos construyendo el marco institucional que nos permita contar con un sistema de justicia penal renovado, que reconozca garantías mínimas para todos los involucrados, que mantenga un grado aceptable de efectividad y que trabaje con mecanismos de transparencia que permitan disminuir sensiblemente la corrupción. Es una tarea enorme y magnífica. No nos demoremos en comenzar a realizarla.

* Miguel Carbonell es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del área de derecho constitucional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Enrique Ochoa Reza es doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia en Nueva York y profesor de derecho constitucional en la UNAM.

Notas:

1 La reforma a favor de la transparencia y el acceso a la información es un ejemplo de un cambio significativo en política pública nacional que resultó en importantes variaciones entre los diversos estados de la República. Esto se ha intentado corregir recientemente con una reforma constitucional para homologar parámetros y mecanismos de transparencia para todo el territorio nacional. Sobre este tema ver El régimen constitucional de la transparencia de Miguel Carbonell. México, UNAM, 2008.

2 Ver la participación del ministro Juan Silva Meza en la presentación del libro ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Canal Judicial, 2 de junio de 2008, consultable en www.enriqueochoareza.com

Enfoque recomienda:

¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? de Miguel Carbonell y Enrique Ochoa, 2ª edición. Porrúa / Renace / UNAM, México 2008.