Los “gobiernos divididos” en México son un fenómeno político controversial. En los noventas, la idea de que el partido del presidente perdiera la mayoría absoluta en alguna de las dos cámaras legislativas, se entendía como un mecanismo democratizador que acotaría el presidencialismo. Esta idea sobrevivió poco tiempo. Una década más tarde, se acusa a los gobiernos divididos de provocar parálisis legislativa y de ser un obstáculo para la aprobación de reformas estructurales. Se sugiere, en consecuencia, que la democracia funcionar

El primer gobierno dividido a nivel federal, en la época moderna del país, se dio a raíz de la elección intermedia de 1997. En dicha elección, el partido del presidente perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y por primera vez en su historia el PRI no tuvo la capacidad de reformar leyes por si mismo. El multipartidismo en la cámara baja resultó en la activación de diversos artículos constitucionales referentes a la división de poderes.

El primer día de aquel gobierno dividido, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PRD) resumió con palabras puntuales el estado de ánimo político del momento. Como primer diputado de oposición en dar respuesta a un informe presidencial y dirigiéndose al Presidente Ernesto Zedillo, el legislador dijo: “En México a partir de hoy, y esperemos que para siempre, ningún poder quedará subordinado a otro. …nosotros, que cada uno somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos". Desde entonces, 1 de septiembre de 1997, tenemos gobiernos divididos a nivel federal.

Si bien en 1874, después de cinco años de discusión, el Congreso accedió a la restauración del Senado, al momento de asignarle sus facultades constitucionales, convenientemente lo excluyó de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y de revisar la Cuenta Pública.  

Esta peculiaridad no fue corregida por el constituyente de 1917. Tampoco se atendió en ninguna de las 117 reformas constitucionales que se realizaron durante las etapas post-revolucionaria y de partido dominante, ni en las 52 reformas a la constitución acordadas bajo el sistema multipartidista vigente de septiembre de 1988 a la fecha. Así, el Senado de México es una Cámara federal con funciones incompletas.

Es un lugar común afirmar que el presidente es débil cuando su partido no tiene la mayoría absoluta en las cámaras de diputados y de senadores. Sin la mitad más uno de los votos en el congreso, se dice, el país está destinado a la parálisis legislativa que vivió el Presidente Vicente Fox. En suma, se repite sin mayor análisis, que en un gobierno dividido “el presidente propone y el congreso dispone”.

Esta impresión común no es del todo correcta. Si bien es cierto que Felipe Calderón no tendrá la mayoría absoluta de los votos en ninguna de las cámaras del congreso, esto no quiere decir, necesariamente, que el próximo presidente será legislativamente débil. Con frecuencia se subestima la fuerza del presidente cuando cuenta con más de una tercera parte de los votos en ambas cámaras del Congreso. Así, el número mágico del próximo presidente no es solamente el 50% + 1 en las cámaras legislativas, de hecho también lo es el 33% + 1.

La elección presidencial del 2006 ha sido en muchos sentidos atípica. Es la primera que se ha llevado a cabo bajo el gobierno de un presidente panista. Es la primera también donde el candidato de una coalición opositora de centro–izquierda encabezó durante la mayor parte de la contienda las principales encuestas. Pero sobre todo, no produjo un triunfador hasta la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Independientemente del triunfador de la elección, es tiempo de analizar los diversos mensajes que han enviado los mexicanos con su voto. Es importante subrayar que tanto Vicente Fox en el 2000, como Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón en el 2006, recibieron más votos que sus partidos, alianzas o coaliciones para diputados federales o senadores de la República. En sentido inverso, Francisco Labastida en el 2000 y Roberto Madrazo en el 2006 recibieron menos votos para la presidencia de la República que su partido o alianza para cargos legislativos.

Las remesas se han convertido en una razón de optimismo para los países en vías de desarrollo. México, con cerca de 25 millones de remitentes potenciales viviendo en los Estados Unidos, no ha sido la excepción.

El Banco de México estima que 16,613 millones de dólares de remesas familiares entraron al país durante el 2004. Este flujo tuvo un incremento del 24 por ciento con respecto al año anterior y fue mayor a la inversión extranjera directa que ingresó a México en ese año. Asimismo, el reporte del Banco Mundial, La Pobreza en México, sugiere que las remesas son uno de los factores que le permitieron a varios millones de mexicanos dejar la pobreza extrema (definida como un dólar por persona por día) entre el 2000 y 2002. Finalmente, organismos internacionales, asociaciones civiles, y el gobierno de México confían en el éxito de programas donde las remesas financien proyectos de desarrollo regional.

Los resultados positivos han dado lugar a proposiciones optimistas. Es común leer que las remesas continuarán creciendo significativamente, que su crecimiento resultará en la disminución de la pobreza, y que las remesas serán fuente de financiamiento e inversión estable para micro-empresas.

Lamentablemente, este optimismo tiene límites en la evidencia empírica. México y otros países con amplia población remitente cometen un error cuando celebran los beneficios de las remesas mas allá del indiscutible beneficio económico para las familias que las reciben sin evaluar sus limitaciones. En este ensayo se presentan tres argumentos que se contraponen al discurso común sobre las remesas.