El próximo 30 de noviembre se abre una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Juan Díaz Romero dejará su función después de casi 12 años de servicio en la Corte que fue integrada a partir de la reforma de 1994. En consecuencia, el presidente de la República enviará próximamente a consideración del Senado una lista con tres nombres para iniciar el procedimiento que designará al nuevo ministro de la Corte para el periodo 2006-2021.

Nuestra Constitución establece un mecanismo poco común para el nombramiento de los ministros, el cual favorece al presidente en turno, siempre y cuando tenga el apoyo de 33% + 1 de los miembros del Senado. Veamos por qué.

Junto a las Secretarías de Hacienda y Gobernación, el puesto de Procurador General de la República está entre los más difíciles de llenar. El aspirante debe satisfacer, al mismo tiempo, requisitos de personalidad, formación jurídica y capacidad política. No es gratuito que sea el único cargo del gabinete que requiera de la ratificación del Senado de la República, que, dada la conformación actual de éste, exigirá de un acuerdo multipartidista.

Estamos ante un cargo para el que el pobre desempeño es la norma demostrada recurrentemente por indicadores sencillos y contundentes. Para empezar, en México se castiga solamente uno de cada 100 delitos cometidos; de ello se deriva que los niveles de confianza ciudadana hacia el Ministerio Público y la policía judicial sean tan bajos y cada vez sea más atractiva la justicia por cuenta propia. El crimen organizado avanza a lo largo y ancho del país y esto se refleja en el creciente número de asesinatos entre bandas de delincuentes y elementos policíacos. No hay barniz que esconda el problema.

Este artículo pone sobre la mesa tres preguntas que tienen que ver con el abordaje a los problemas desde su raíz y, por lo tanto, pueden servir al Presidente Electo Felipe Calderón y al Senado de la República quienes habrán de nombrar y ratificar al futuro procurador. Si el problema de la justicia es sistémico, de poco sirve tener un procurador hábil, pero sin proyecto de largo alcance. Si bien estas preguntas no agotan la complejidad del problema, su respuesta sí permite intuir los paradigmas bajo los cuales trabajará el futuro procurador:

¿Abogado, está usted a favor de los juicios orales en materia penal; del acceso a expedientes de juicios en proceso; y de castigar a quien desacate la sentencia de un juez?

Hace unos días, en una interesante entrevista, el senador Manlio Fabio Beltrones sostenía que la ruta indicada para hacer una Reforma del Estado en México es la misma que siguieron en su momento España (durante la transición de los años 1976 a 1978) y Argentina (en 1994). La idea básica del senador Beltrones es la de promover la Reforma del Estado a través de una ley que les fije a todas las partes involucradas las tareas que deben hacer, así como los plazos y condiciones para llevarlas a cabo. Se trataría de emitir, entonces, una ley en México como la ley de reforma política de España o como la ley que declaró la necesidad de una reforma integral de la Constitución creada por el Congreso de Argentina.

Sucede, sin embargo, que las condiciones políticas, pasadas y presentes de México no sugieren que ese sea el camino más indicado y ni siquiera el más corto o efectivo, para reformar el Estado mexicano.

Mientras continúa la crisis sobre las discutidas elecciones presidenciales de México, se están formulando preguntas no sólo sobre la conducta del candidato aparentemente derrotado, Andrés Manuel López Obrador, sino también sobre el sistema presidencial de México. ¿Será parte del problema el "presidencialismo" tal como se practica en México?

Felipe Calderón, del partido gobernante de centro-derecha Acción Nacional (PAN), ha sido confirmado como ganador de la contienda electoral. Las próximas elecciones presidenciales no se celebrarán hasta 2012, así como las elecciones al Senado, cuyo voto es necesario para la aprobación de la mayor parte de la legislación federal.

Así, Calderón y los aliados de su partido, con 41% de los escaños del Senado, nunca podrán tener una mayoría legislativa durante los próximos seis años y también estarán en minoría en la Cámara Baja, en donde el PAN y sus aliados cuentan con sólo 43% de los escaños, al menos hasta el 2009.

As the crisis over Mexico's disputed presidential election continues, questions are being raised not only about the conduct of the candidate who seems to have been defeated, Andres Manuel Lopez Obrador, but also about Mexico's presidential system. Is "presidentialism" as practiced in Mexico part of the problem?

Felipe Calderon of the center-right ruling party, the National Action Party (PAN), is currently leading in the vote count, which must be confirmed by the end of next month. The next scheduled presidential election is not until 2012, as are elections to the Senate, which needs to give its assent for most legislation. Thus, Calderon and his party allies, with 41 percent of the Senate seats, can never have a majority during his six-year term, and will also have a minority in the lower chamber, where the PAN holds only 43 percent of the seats, until at least 2009.

If the street protests and legal challenges being mounted by Lopez Obrador succeed, he would be in an even weaker position. Lopez Obrador's center-left Democratic Revolutionary Party (PRD), together with allied small parties, holds 31 percent of the Senate, and slightly less than one-third of the lower chamber.

En el estadio de Nuremberg había más de 20 mil mexicanos siguiendo a su Selección. Muchos hicieron el viaje mundialista en autobús, automóvil o tren. Además de los goles, será un éxito para México si entre partido y partido esta clase media pujante mira por la ventana. Lo que ven no es sólo el presente alemán; con su empuje pueden estar viendo el futuro próximo de nuestro país.